jueves, 12 de noviembre de 2015

España frenó en la Justicia la declaración de independencia de Cataluña


Fuentes: http://www.clarin.com, Télam, Youtube.
Por: Juan Carlos Algañaraz. 
Separatismo en España.El Tribunal Constitucional suspendió por cinco meses la resolución del Parlamento catalán que rompía con España. Cataluña anunció que desoirá la decisión. 

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El Estado español, con energía y amenazando con diversas medidas a los secesionistas, comenzó a moverse rápidamente para confrontar los planes de separatismo. “Son días difíciles”, comentó el Rey Felipe VI. El Tribunal Constitucional aprobó este miércoles la impugnación presentada por el gobierno de Mariano Rajoy al programa de ruptura con España sancionado el 9 de noviembre pasado por el Parlamento catalán, lo que anula totalmente sus efectos legales. Pero el gobierno catalán anunció que va a desobedecer al Constitucional.

La decisión de Madrid fue adoptada con inusitada rapidez por el Alto Tribunal poco después de que el Consejo de Ministros aprobara un pedido para que se abrogara dicho plan por contravenir las disposiciones de la Carta Magna de 1978. Al aceptar este reclamo a trámite, la decisión del Parlamento catalán queda automáticamente suspendida durante cinco meses cuando el Tribunal adoptará una decisión sobre el fondo jurídico del tema.

De inmediato, la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Monté, declaró que la prioridad del Ejecutivo encabezado por Artur Mas es “cumplir la resolución del Parlamento dando comienzo del proceso de independencia” y desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional. Esta actitud estaba prevista en el plan rupturista que declaraba el derecho a la desobediencia hacia las instituciones españolas y ponía como ejemplo al Constitucional al que consideraba “totalmente desprestigiado”. Aclaró Munté que todo esto se producirá pese a la notificación personal a los 21 altos cargos de que, si desobedecen, serán inhabilitados.

“No voy a aceptar que unos señores liquiden la democracia”, señaló Mariano Rajoy. Ha calificado el desafío independentista como “una vulneración de la Constitución y un intento de insumisión a las instituciones del Estado que niega el orden constitucional vigente”. Añadió que “se está quebrando absolutamente todo, intentando liquidar la soberanía nacional”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en un acto militar presidido por la Reina doña Letizia, proclamó que la decisión rupturista era “una traición”. El gobierno se reserva iniciar acciones penales por sedición y rebelión, dos delitos que tienen un reproche penal de entre 15 y 25 años que le fueron aplicados al teniente coronel Antonio Tejero y varios altos jefes militares que lo acompañaron en el asalto al Congreso de Diputados el 23 febrero de 1981 y condenados a 30 años de cárcel.

El Constitucional, a pedido del gobierno de Madrid, apercibe en su resolución a 21 personas responsables de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones. Los apercibidos son el presidente en funciones de la Generalitat (gobierno catalán), Artur Mas; la titular del Parlamento, Carmen Forcadell; los integrantes de la mesa parlamentaria y los miembros del gobierno, 21 altos cargos catalanes en total. “Se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudiera incurrir”, señala el Tribunal.

El gobierno español pidió que “imponga” a los apercibidos “la prohibición expresa de admitir a trámite”, ya sea en toma de consideración, o para debatirlo o votarlo, “iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la Resolución suspendida”. También reclama que se le prohíba al presidente en funciones de la Generalitat y a todo su Consejo de Gobierno “promover iniciativa legislativa” o “dictar” normas de rango reglamentario o realizar “cualquier otra actuación” con la misma finalidad.

El propósito es bloquear el anuncio de que en treinta días se presentarán leyes para crear una Hacienda catalana que recibiría los aportes de los ciudadanos que pagan al fisco español. Además, se crearían servicios sociales propios y se aprobaría una ley del proceso constituyente sin subordinación a España, que culminaría en la proclamación de una República Catalana. Además se planean otras leyes sociales de aplicación inmediata.

Mientras tanto, la policía autónoma catalana fue notificada por el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, lo mismo que la Guardia Civil y la Policía nacional, que deben comunicar cualquier hecho que busque ejecutar la resolución del parlamento catalán suspendida. Informa el fiscal que los actos de ejecución de ese mandato ilegal por cualquier funcionario público podría constituir delitos de sedición, rebelión y prevaricato, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos.

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