jueves, 2 de noviembre de 2017

Confirman el procesamiento por asociación ilícita y el embargo de $ 10.000 millones contra Cristina


Lo decidió la Cámara de Casación. Se investiga el desvío de la obra pública para favorecer a Lázaro Báez. Los otros acusados.

Otro revés judicial para la electa senadora Cristina Kirchner. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento por asociación ilícita y defraudación al Estado contra la ex Mandataria y el embargo de 10.000 millones de pesos que el juez Julián Ercolini, le trabó en la causa que investiga el desvío de fondos de la obra pública, a favor de Lázaro Báez.

Los camaristas rechazaron un pedido de la defensa de la senadora al igual que dos escritos presentados por el empresario K -beneficiado con $ 46.000 millones-, quejándose del millonario embargo. Es una de las causas más emblemáticas de la corrupción K.

Cristina volverá la semana que viene a los Tribunales de Comodoro Py para declarar en otra causa que la vincula con Lázaro Báez -preso por lavado de activos-. No es un escenario sencillo: la Justicia confirmó el procesamiento por asociación ilícita y defraudación al Estado, como también el embargo de 10.000 millones de pesos sobre su patrimonio, ordenado en la causa que investiga el desvío de fondos de la obra pública vial a favor del Grupo Austral.


La Sala IV de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex Presidenta, donde se oponían a la confirmación del procesamiento que realizó en septiembre, la Sala I de la Cámara Federal Porteña, sobre Cristina Kirchner, Julio De VIdo, José López, Carlos Kirchner (primo del ex presidente) y el empresario Lázaro Báez, entre otros imputados.

Los jueces consideraron que no existe el "agravio" aducido por la defensa y que no hay "arbitrariedad" en la decisión de la Cámara al confirmar el procesamiento contra Cristina. 


En la causa en la que participaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se investigó el direccionamiento a través de "múltiples irregularidades administrativas", de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos a favor del Grupo Austral. Los agravantes es que el 50% de las obras no se concluyeron, según el expediente, y los sobreprecios rondaron el 65% del valor original de las licitaciones.


Cada vez más cerca de ser elevada a juicio oral, en el expediente los imputados están acusados de integrar una "asociación ilícita" que entre 2004-2015, se dedicó a "cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial en Santa Cruz". Los contratos tenían un único destinatario: Lázaro Báez. La "jefa" de esta asociación, para la justicia, fue Cristina Kirchner.

Asimismo, los jueces de Casación rechazaron dos pedidos de la defensa del dueño del Grupo Austral que también fue en queja ante la confirmación del procesamiento y el embargo millonario. De esta manera, dieron por confirmado la acusación por asociación ilícita como también la medida cautelar por 10.000 millones de pesos. 

Recientemente, el fiscal Pollicita solicitó que más de 180 propiedades de todos los procesados en la causa sobre la corrupción en la obra pública, entre ellos la senadora de Unidad Ciudadana, pasen a manos de la justicia como parte del embargo de 10.000 millones de pesos dictados en esta investigación. Además, se pidió la apertura de cajas de seguridad de Julio De Vido, José López y de la ex Presidenta.

La medida sobre las propiedades se pidió a los fines de evitar que "se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial", y por ello los fiscales pidieron que se disponga el secuestro y depósito judicial "de los bienes muebles registrables.
 
El procesamiento confirmado por la Cámara Federal y que tuvo su respaldo en el Máximo Tribunal en materia penal, acusaba a la ex Presidenta de "perjudicar los intereses del Estado" y de "generar una nueva persona, una comunidad estable y espuria que, valiéndose de la legitimidad de la que gozan los actos del funcionario público, pusieron en marcha una maquinaria para detraer fondos del Estado a favor de uno de sus miembros, Lázaro Báez.

Respecto a De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti, al tener bajo su responsabilidad la actividad vial y la planificación de la inversión pública, se los acusó de "haber omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo".

A Báez, que cuenta con seis procesamientos y está preso hace quince meses, se lo acusó de haber realizado "un aporte imprescindible" a la matriz de corrupción investigada. En primer lugar, por "haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional", como lo fue Austral Construcciones (adjudicataria del 78,4 % de los contratos viales).

Fuente: Clarín.

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